En la charla organizada por la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales estuvieron presentes Alejandro Celorio, Wilma Gandoy, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo y Ana Romero.
Por Rebeca Ruiz
Ante la demanda del gobierno mexicano a empresas estadounidenses vendedoras de armas, la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del Tec en la Región Ciudad de México, organizó la charla ‘México contra el tráfico de armas’.
En el evento virtual, estuvieron presentes Alejandro Celorio, consultor jurídico de México; Wilma Gandoy, del Servicio Exterior Mexicano; el Embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, director de la Iniciativa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Tec de Monterrey y la directora de la carrera de Derecho en campus Estado de México, Ana Romero.
Así como Vania Rodríguez Camcho, directora del departamento de Relaciones Internacionales del Tec en Ciudad de México quien fungió como moderadora y organizadora de la charla.
Alejandro Celorio explicó durante la plática que existe una demanda histórica y se da luego de distintos ataques como el del pasado 3 de agosto del 2019 en El Paso, Texas, donde hubo un tiroteo en un supermercado.
“Después de esa tragedia, Marcelo Ebrard pidió que investigáramos qué podíamos hacer contra el agresor. En el trance de ir identificando nos dimos cuenta que el arma la compró en línea en Florida, la recogió en Dallas y eso nos hizo preguntarnos que hay cierta responsabilidad de quién la vende.
“Cualquier persona la puede comprar en Estados Unidos y de ahí surge esta demanda. Sabiendo que caen en actividades ilícitas, las empresas no toman las medidas para que su producto caiga en manos incorrectas”, explicó.
Aclaró que es una demanda contra particulares y no contra el gobierno, sino que es particular ante la corte estadounidense.
“Hay una acción legal sobre cómo podría acreditar el daño y hay una teoría de alteración del orden público, la idea en término general es que el daño es tal, la alteración al afectado es tal, que el resultado de esta negligencia me permite iniciar una acción legal contra quienes estén involucrados.
“Estamos pidiendo una compensación y este litigio va por buen camino”, agregó.
Para Wilma Gandoy, México, Jamaica y Canadá tienen en común que son países que sufren ante el mercado ilícito de armas provenientes de Estados Unidos.
“Una de las principales críticas es que México no hace lo suficiente para detener el flujo de armas. Los estados deben proteger a los ciudadanos de las empresas a través de políticas públicas.
“Pero es responsabilidad de las empresas, identificar, prevenir y mitigar las consecuencias de sus actividades, sobre todo cuidar de los derechos humanos. El objetivo de todo esto no es impedir que las empresas realicen sus actividades sino que esas actividades no tengan efectos negativos en la sociedad”, expresó.
Miguel Ruiz felicitó al gobierno de México por la acción de demandar a las empresas vendedoras de armas, ya que considera, es una acción que beneficia a los jóvenes.
“Felicito a la cancillería, por los jóvenes hay que estar en contra del tráfico ilícito de armas, esta acción tiene la atención de la comunidad mundial.
“Una recomendación, escuchen a la sociedad civil porque están de nuestro lado, que tomen posición en este tema, hay que lograr el apoyo con acciones de información a la sociedad civil a nivel mundial porque es una causa que no solo perjudica a los jóvenes mexicanos”, dijo.
La presencia de armas ha impactado en la violencia de género, así lo aseguró la profesora Ana Pamela Romero.
“La presencia de armas de fuego ha impactado en la violencia de género, para que veamos que las armas no solo nos han ofrecido publicidad engañosa, nos han dicho que las armas son necesarias.
“Un estudio en Estados Unidos encontró que las mujeres tienen un mayor riesgo de ser asesinadas por su pareja con un arma de fuego que con todos los demás medios combinados y aquellas que compraron un arma de fuego para su protección, tienen un 50 por ciento de probabilidad de que mueran con esa misma arma”, explicó.
