Según el Informe de Seguridad emitido por la Secretaría de Seguridad Pública, los incidentes delictivos de fuero común como el robo vehicular y a casa habitación reportaron una baja del 3.2% y 5.9% respectivamente mientras que los casos de extorsión (incluido el derecho de cobro de piso) fueron al alza un 22.6% respecto al mismo periodo de enero-abril del año pasado.
Aunado a ello, la Canaco, en su estudio “Seguridad en el comercio” reveló que durante el primer trimestre del 2022 el 21.1% de los comerciantes entrevistados fueron víctima de al menos un ilícito, es decir, un aumento de 2.6% respecto al trimestre anterior. Además, indicó que, durante el mismo trimestre, el 11.9% de los empresarios entrevistados fue víctima de extorsión, lo que significa un aumento de 2.3%, respecto a octubre-diciembre 2021.
“El cobro de derecho de piso en el país ha traído como consecuencia un aumento considerable en la contratación de servicios privados, la Ciudad de México es una de las zonas del país en las que más se ha visto reflejado este fenómeno, seguida por los estados Querétaro, Quintana Roo y Guadalajara”.
De acuerdo con información del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), en México trabajan alrededor de 6,000 empresas de seguridad privada, de las cuales, más de la mitad no se encuentra registradas y no cumplen con los requisitos básicos para poder desempeñar sus funciones.
“El principal riesgo que se corre es la falta de capacitación del personal, las empresas de seguridad privada debemos de garantizar que nuestros custodios a cargo pueden desempeñar de manera efectiva la labor a la que se les ha sido asignados. No podemos poner el riesgo su seguridad, debemos de garantizar que se encuentren registrados ante la ley, que cuenten con experiencia y que no tengan antecedentes penales”, añadió José Juan López.
En México se estima que las empresas de seguridad privada brindan trabajo alrededor de 500,000 empleados operativos, más los administrativos y de apoyo. Juntos generan el equivalente a alrededor de 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Por tal motivo, en marzo del año pasado se realizó la reforma al artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir la ley general en materia de Seguridad Privada donde se establezcan las reglas de coordinación entre los prestadores de servicios y las autoridades correspondientes de la Federación.
Ante este panorama diferentes municipios de la República como Playa del Carmen y San Juan del Río han aprobado y presentado iniciativas que busquen regularizar a las empresas de seguridad privada que brindan principalmente servicios en escuelas, fraccionamientos, domicilios privados y negocios.
Cabe mencionar que las empresas que más han solicitado el servicio de protección privada a nivel nacional son tiendas de conveniencia, restaurantes, farmacias, pequeños negocios y escuelas.
