El organismo señala que este sector es considerado por la Corte como coadyuvante de la seguridad pública, por lo que están interesados en que incorpore mejores prácticas que beneficien al país.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llama al Congreso de la Unión para que expida sin demora la Ley General de Seguridad Privada.
La Coparmex señala que la seguridad privada es considerada por la Suprema Corte de justicia de la Nación como coadyuvante de la seguridad pública, por lo que están interesados en que este sector incorpore en sus procesos mejores prácticas que beneficien al país.
Por ello urgen a los legisladores a que se expida la Ley General de Seguridad Privada para contar con la regulación secundaria que haga realidad el texto constitucional
“En Coparmex nos preocupa la profesionalización y regulación de la empresas de seguridad privada y además estamos interesados en que este sector incorpore en sus procesos mejores prácticas a favor de los mexicanos”, señala el organismo dirigido por José Medina Mora
En los últimos 10 años, la realidad social y de seguridad pública rebasó la obligación constitucional del Estado, lo que originó el surgimiento de empresas de seguridad privada, un sector que representa a más de 8 mil empresas, emplea a más de 600 mil colaboradores y representa aproximadamente el 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Frente a esta situación, el 11 de marzo de 2021 se aprobó una iniciativa de reforma constitucional al artículo 73 para facultar al Congreso de la Unión para legislar y expedir la Ley General de Seguridad Privada, cuyo ordenamiento fue publicado el 28 de mayo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, tras el visto bueno de la mayoría de los congresos locales, como lo dicta la ley.
La ley pretende regular la seguridad privada en tres aspectos: la homologación de un permiso único a nivel nacional con el objetivo de crear un registro nacional de las empresas que prestan el servicio en uno o varios estados, establecer la distribución de competencias que tendrán la Federación, los estados y los municipios en la materia y las sanciones tanto para empresas como para usuarios que contraten empresas que no cuenten con la autorización correspondiente.
