Por Alejandra Rey

Chihuahua.- El gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, presentó una iniciativa para reformar a la ley de seguridad privada en el estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre del 2012, para añadir sanciones a quienes ofrezcan servicios de seguridad privada con licencia federal y no se registren en el estado de Chihuahua ante la Fiscalía General del Estado.

En el artículo 8 de dicha ley se obliga a empresas con licencia federal y que iniciarán operaciones en Chihuahua a registrarse ante la Fiscalía General del Estado, pero se omite establecer para los prestadores una sanción en caso de incumplimiento a esta regulación local, aún y cuando tengan permiso entregado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, según se redacta en la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo.

En esta legislación, en su artículo 98 fracción II, se contempla una de las sanciones ante el incumplimiento del marco jurídico planteado por la ley en cuestión, sin embargo dicha sanción consiste en la suspensión de la autorización y registro hasta por seis meses, en caso de prestar el servicio sin contar con la autorización o revalidación, derogándose esta sanción puesto que no puede suspenderse autorizaciones que no han sido gestionadas para obtenerlas.

Dentro de la reforma que se busca realizar se pide a los prestadores de servicios en el artículo 55 abstenerse de prestar los servicios de seguridad privada sin el registro estatal y en el artículo 95 se establecen como sanciones la suspensión de los efectos de autorización hasta por seis meses, en caso de incumplir con el resto de las condiciones marcadas por la ley; clausura del establecimiento; o revocación de la autorización.

Dichas sanciones se estarán presentando cuando el personal operativo presente servicios sin portar con cédulas; no cuente con la autorización y registro o revalidación, o se altere cualquiera de ellos; impidan al inspector realizar visitas ordenadas por la Fiscalía; contrate elementos de seguridad pública para desempeñar labores de seguridad privada.

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