Chihuahua.- En aras de terminar con aquellas empresas “fantasmas” que prestan sus servicios de seguridad privada, o las que no cuentan con autorizaciones y registros, y que aun así, están en funcionamiento, el diputado Alejandro Gloria González, propuso reformar diversos apartados de la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Chihuahua.

La reforma se centra en dos vertientes: La falta de registro por parte de las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada y, en segundo lugar, pero no menos importante, los derechos y obligaciones del personal operativo en dichas empresas, quienes, de aprobarse la iniciativa no podrán doblar turno y tendrán derecho a un día de descanso y no podrán laborar en dicha actividad si cometieron algún delito doloso.

En ese sentido y para asegurarse de que se esté cumpliendo efectivamente con un contrato así como con sus obligaciones, la Fiscalía realizará visitas al personal operativo, procurando que sean entre una y dos veces al año.

“La seguridad privada, ha sido un tema muy poco estudiado, y a la par de las situaciones actuales, se ha visto rezagado en cuanto a su normatividad, lo cual es realmente inaceptable, ya que  la misma ley establece su relación inmediata con la propia Fiscalía y por lo tanto, la exigibilidad en la aplicación de la misma”, señaló el legislador.

En ese orden de ideas, dijo, las estadísticas muestran que para Julio de 2018, de las 200 empresas dedicadas a la seguridad privada, solamente 90 cumplían con todos los requisitos legales que la Ley establece para operar como tal, mientras que el resto, es decir 110 empresas, se mantenían en la ilegalidad.

Sumado a lo anterior, de los siete mil trabajadores que son empleados de dichas empresas, solamente 1,800 eran certificados para ejercer; “lo realmente malo en esta situación, es que las empresas que no están certificadas, siguen ofreciendo sus servicios y siguen operando, lo cual vulnera la seguridad del lugar y las personas que reciben este servicio”.

Además, señaló, el giro de dichas empresas versa precisamente en proporcionar seguridad, vigilancia y control, ya sea a condominios, fraccionamientos, corporativos, dependencias públicas, en fin, el servicio lo utilizan infinidad de sociedades, por lo que resulta ilógico que una empresa privada de seguridad, no cuente con la regulación necesaria y no pueda otorgar la confianza debida a aquellos que contratan el servicio tan solo porque no han podido cumplir con las normas y leyes establecidas para su regulación.