Será un lugar donde se frene la escalada delictiva y se logre la reinserción de manera más rápida. Ese es el plan del gobierno de Mendoza para evitar que los nuevos delincuentes se «contagien» de la cultura intramuros.
Una cárcel para primerizos o principiantes. Un lugar donde se frene la escalada delictiva y se logre la reinserción de manera más rápida. Ese es el plan del gobierno de Mendoza para evitar que los nuevos delincuentes se «contagien» de la cultura intramuros.
En la tierra del sol y del buen vino comenzará a construirse la primera prisión correccional del país para aquellos que cometan delitos con penas de menos de tres años de prisión, como el robo de un auto sin violencia. La inversión será de 50 millones de pesos y se espera que esté funcionando después de mitad de este año.
«Es un proyecto que ya cuenta con los fondos para realizarse. Es inédito en el país; hemos imitado una parte de la política penitenciaria de los Estados Unidos. Lo que buscamos es trabajar sobre el delito menor, sobre quien recibe penas cortas para que entienda lo que significa la pérdida de la libertad», explicó a LA NACION Eduardo Orellana, director del Servicio Penitenciario de Mendoza, dependiente del Ministerio de Seguridad, que conduce Gianni Venir, uno de los impulsores de la iniciativa. Según cifras oficiales, seis de cada diez delitos que hoy se cometen en la provincia son de tipo correccional, con penas de menos de tres años de prisión.
«No queremos que quien comienza su camino delictivo comparta cárcel o celda con un homicida o con un reincidente que tiene una importante cantidad de asaltos o tentativas de homicidios», indicó Venier. Agregó: «Buscamos aprender de la experiencia internacional en delitos menores. El mensaje es que aún aquel que comete un delito menor va a recibir una condena de cumplimiento efectivo».
Por estas horas, se realizan las consultas políticas pertinentes para poder comenzar a desandar las tareas. En principio, el lugar elegido para instalar la gran infraestructura metálica, en forma de módulos y con patios internos, estará en el departamento de Lavalle, a unos 30 kilómetros de la capital provincial. Se estima que se alojará allí a unas 300 personas.
Se prevé hacer foco en tres ejes específicos del tratamiento de reinserción social de los detenidos. En primer lugar, se trabajará en la educación y en las habilidades, sobre todo en oficios. Luego, en el tratamiento de las adicciones -que hoy afectan al 90% de la población carcelaria- y finalmente en una terapia psicológica cognitiva-conductual, con acompañamiento familiar.
«Es un desafío y una apuesta fuerte, con tratamientos cortos, de acuerdo a la estadía, pero con el fin de que la persona no adquiera malas prácticas ni se contamine de la cultura de los penales. En definitiva, queremos que no empeore, que tenga otra actitud ante la vida y la sociedad, cortando desde el inicio el camino delictivo», indicó Orellana.
Fiscales y jueces de la provincia ya han dado su visto bueno al plan oficial, sobre todo por el alto grado de personas que reciben penas de tres años de cumplimiento efectivo y más aún por la posibilidad de que no sean influenciadas para seguir en el mundo delictivo.
Por otra parte, el Gobierno provincial puso en marcha una línea teléfonica 0-800 para denunciar o presentar reclamos sobre asuntos carcelarios. «Buscamos dar transparencia al sistema para poder ver qué está ocurriendo adentro del servicio penitenciario», explicó Venier, quien aclaró que las denuncias pueden ser desde secuestros virtuales, problemas edilicios, corrupción administrativa y tráfico de influencias, entre otras.
