En los últimos meses la seguridad ha estado en el centro del debate y ha adquirido mayor notoriedad pública, empujada por el contexto que vive el país desde el estallido social. A casi cuatro meses de este acontecimiento, aún muchos incidentes siguen sin ser aclarados. Creemos que si la Ley de Seguridad Privada -que duerme en el Congreso desde hace casi una década- estuviese vigente en la actualidad, el sector que representamos podría colaborar de forma más eficiente con la seguridad pública y con la investigación que muchos sucesos requieren.

Una adecuada regulación permitiría contar con una herramienta de mayor impacto en los estándares de seguridad esperados, mejorando las definiciones de roles, funciones, responsabilidades y coordinaciones operativas con las policías. Con una ley adecuada, la seguridad privada se podría enfocar en la prevención de situaciones o delitos que actualmente deben ser atendidos por las fuerzas policiales, liberándolos para tareas donde realmente se les requiera.

Pedimos un marco regulatorio que establezca reglas modernas y un marco de protección para nuestros trabajadores y para la ciudadanía que requiere de nuestros servicios, porque la falta de regulación no solo expone a nuestros guardias y trabajadores, sino que expone a toda la sociedad.