En México, siete de cada 10 grandes empresas se vieron en la necesidad de contratar servicios de seguridad privada, reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2017, en el caso de las firmas medianas, una de cada dos se vio obligada a enfrentar la inseguridad del país en el resguardo de sus bienes o en el transporte de valores y mercancías.

Datos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) indican que, con información a principios de 2017 la inseguridad y los casos de impunidad que enfrentan las compañías en el país les cuestan 1.7 billones de pesos, es decir, 10 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), porque los ilícitos se traducen en pérdidas por robos, gastos operativos, dispositivos de seguridad, además de que provoca que se pospongan inversiones, principalmente.

La American Chamber México (Amcham), en el Informe de Seguridad Nacional más reciente (2016), calculó que las firmas tienen que destinar entre 2% y 10% del presupuesto anual de operación de las empresas en equipo de seguridad, capacitación de personal y contratación de diversos dispositivos.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la Ciudad de México afirmó que la inseguridad les cuesta 20% de sus ingresos. De acuerdo con reportes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que preside Juan Pablo Castañón, en 2017 el robo al autotransporte creció 85%, con respecto al año previo. En general, en dos de cada tres estados se cometen más transgresiones que antes y en todo el país los delitos denunciados se incrementaron en más de 10% en el último año.

Según el registro de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), las compañías autorizadas para prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades, son mil 35 al mes de enero de 2018; sin embargo, el número de empresas en operaciones no registradas es desconocido.

En función de diferentes análisis al “Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, así como de los hallazgos obtenidos en el desarrollo de las actividades programadas de visitas de verificaciones, es posible determinar que el número de empresas registradas se incrementó 49% en los últimos cinco años y que el personal operativo aumentó 76% en el mismo periodo”, señaló la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Congreso.

En la iniciativa para regular la actuación del personal de seguridad privada también se establece que la autorización y supervisión que realiza la Secretaría de Gobernación de esas empresas, así como la autorización que por separado se hace en cada una de las entidades, requieren de seguimiento, pero también se deben determinar e imponer sanciones a las empresas de seguridad privada que incumplan alguna disposición de la ley.

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