Tras 4 años de litigios sigue habiendo un vigilante 24 horas, cuando un informe policial recomendaba dos de 6.00 a 0.00.

Casi cuatro años lleva en los tribunales el dispositivo de seguridad privada de la estación de autobuses de Zaragoza. Un periplo judicial que la semana pasada llegó hasta el Tribunal Supremo.

Hace unas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) resolvió que la instalación debía estar vigilada por dos guardias privados entre las 6.00 y las 0.00 y por uno de madrugada, y no por un solo vigilante las 24 horas como defendía la estación. La Sala de lo Contencioso Administrativo zanjó así un conflicto que se inició entre la subdelegación del Gobierno de Zaragoza y la concesionaria de la estación en marzo de 2014, fecha en la que un inspector de la Jefatura Superior de Policía elaboró un informe en el que hacía constar que “el número idóneo de vigilantes” era de tres durante toda la jornada. La empresa alegó contra esta decisión y los responsables policiales rebajaron sus pretensiones hasta los dos vigilantes en las horas de más tráfico de viajeros (de 6.00 a 0.00) y de tan solo uno de madrugada. La compañía volvió a oponerse a este dispositivo, esta vez en los tribunales, pero no encontró la razón porque el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 falló a favor de la subdelegación en mayo de 2016. La parte demandante volvió a recurrir, esta vez ante el TSJA, que es el órgano que resolvió en enero dando la razón, de nuevo, a la subdelegación.

Obligados a recurrir

La empresa ha vuelto a mostrar su disconformidad con la decisión judicial, esta vez ante el Supremo. La empresa presentó hace unos días un recurso de casación que aún está pendiente de ser admitido. “No nos ha quedado otra que seguir recurriendo porque no podemos hacer frente a los costes que nos supondría los vigilantes que dice el informe policial”, explica Íñigo Laín, director de la estación. Según indica, la concesionaria tendría que destinar unos 100.000 euros al año para cubrir estas exigencias. “Hemos estudiado y presentado a la Delegación al menos 10 propuestas técnicas para llegar al mejor acuerdo para todos, pero no han sido tenidas en cuenta”, lamenta Laín.

Según la sentencia del TSJA, la empresa acudió al tribunal “quejándose” de la situación económica y del gran desembolso que tendría que acometer. Además, señaló que en las instalaciones apenas había incidencias (tres al mes, apuntaron, “la mayoría por cuestiones sin importancia”) y que la subdelegación apenas motivó sus recomendaciones de seguridad. El fallo argumenta que la estación es “una infraestructura crítica” en la que se deben garantizar medidas de protección, que deben estar basadas “en motivos de seguridad” que no pueden modificarse por cuestiones “económicas”. Igualmente determina que “hay suficiente motivación” en la decisión y condena a la empresa a pagar las costas del procedimiento.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han explicado que este tipo de conflictos con gestoras de infraestructuras como la terminal de autobuses no son habituales porque “normalmente” acatan las resoluciones policiales.

Mientras tanto, Íñigo Laín insiste en el coste inasumible que le supone a la empresa el dispositivo y asevera que es una instalación segura con la vigilancia actual. Además, recuerda que en 2015 se llegaron a plantear la devolución de la concesión a la DGA y que en este tiempo han mantenido conversaciones con instituciones como el Justicia y el Defensor del Pueblo para pedir amparo. De momento, mantienen vigilancia 24 horas de forma cautelar hasta que el Supremo tome una decisión.

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