Hasta en un 26% se han incrementado los delitos de extorsión y fraude en los estados de Campeche, Ciudad de México y el Estado de México, a más de un mes del confinamiento por el COVID-19, reveló el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).

El presidente del CNSP, Raúl Sapién Santos indicó que la pérdida de empleo generalizado que ha provocado la pandemia del COVID-19 en el país ha impulsado al crimen organizado a ofrecer “mejores condiciones laborales” para engrosar sus filas.

Mencionó que la violencia en el país no se ha detenido a pesar del confinamiento sanitario; al registrar un aumentó de llamadas de extorsión y los fraudes telefónicos que han aumentado de un 18 a 26% en lo que va del año.

Sapién Santos reveló que el crimen organizado está reclutando gente para aumentar sus actividades delictivas, a fin de aprovechar que la mayoría de la población ha tenido que permanecer en sus hogares.

“Es muy importante que los tres niveles de gobierno, tanto a nivel federal, estatal y municipal realicen un trabajo articulado y trabajen de manera coordinada tanto para la realización de pruebas rápidas de detección de COVID-19 como en la generación de las condiciones necesarias para que los empresarios puedan llevar a cabo los procesos y procedimientos de reactivación económica que requiere el país”.

El presidente del CNPC, dijo que en los meses de Enero a Marzo, aumentó un 22% en Yucatán, cifra similar al 2019, mientras que en Quintana Roo ha registrado cerca de 64 homicidios en 2020, contra 54 en 2019.

Mientras que los estados de Jalisco, Estado de México, CDMX, Guanajuato y Puebla se han incrementado los delitos de robo de vehículos. Mientras el robo de unidades pesadas, los estados más afectados son: Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Puebla y Veracruz.

En el caso de los feminicidios, en el periodo de enero y marzo se registraron un total de 244 mujeres asesinadas, lo que representa un aumento de uno punto seis por ciento respecto al mismo periodo del 2019, estadística presentada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“Existe un problema con las cifras, ya que cada estado de la República Mexicana, al tener su propio código penal, cambia este delito y se sanciona de manera diferente, esta es una aberración ya que la vida de una mujer vale menos o más dependiendo del estado en que se encuentre”.

Sin embargo, explicó que en las escuelas públicas se ha olvidado la educación cívica combatir la violencia intrafamiliar, delito que se relaciona con el feminicidio.

“En las escuelas se ha olvidado la educación cívica, se debe buscar un tema de la cultura de la legalidad, de lo que es correcto e incorrecto; y sobre todo, difundir el que no se genere violencia hacia las mujeres, desde el nicho familiar.

Los gobiernos estatales podrían generar, a través de las plataformas digitales, asesoría cuando esto se presente e incluso, llevar a cabo a través de algunas áreas de apoyo sicológico a las personas que sean víctimas o que estén ejerciendo algún tipo de violencia”, finalizó.