El deficiente control sobre la creciente industria de la seguridad privada en Latinoamérica permite que en algunos casos éstas se conviertan en milicias, según el informe “Seguridad a la venta” publicado hoy por el centro de estudios El Diálogo Interamericano.

Según el documento, las elevadas tasas de criminalidad han conllevado el auge de estas empresas militares y de seguridad privada (EMSP) hasta alcanzar la cifra de las 16.000 compañías y un total de 2,4 millones de trabajadores en la región, mostrando una gran brecha en la proporción entre guardias privados y policías.

En América Latina, que alberga a 17 de las 20 ciudades más peligrosas del mundo según el propio informe, la proporción de guardias de seguridad privada por policías es “mucho mayor” que en el resto del mundo, según explica el texto, que enfatiza en la desigualdad social que implica entre quienes pueden pagarlo y quienes no.

De esta forma, en Brasil la proporción de profesionales de la seguridad privada por cada funcionario es de cuatro a uno; en Guatemala, de cinco a uno; y, en Honduras, casi de siete a uno.

Según una estimación del Consejo Nacional de Seguridad Privada de México, en 2016 el país acogía a una industria de EMSP por un valor de 1.500 millones de dólares, lo que suponía un 180 % más que en 2012.

En Brasil, la celebración del mundial de fútbol en 2014 y de los Juegos Olímpicos en 2016, unida a la violencia, favoreció el desarrollo de estas empresas, que emplean a 650.000 personas.

En este sentido, el informe recoge que las autoridades de distintos países se vieron sorprendidas ante el aumento de la demanda de estas empresas, por lo que tenían regulaciones “escasas o anticuadas” y “mecanismos regulatorios débiles para aplicarlas”.

“Mientras que los países de América Latina tienen en general marcos legales para regular las actividades de estas empresas, les suele faltar la infraestructura para aplicar las reglas y hacer rendir cuentas a las empresas militares o de seguridad privadas cuando las violen”, subraya el escrito.

De este modo, el informe reclama la aplicación del Documento de Montreux, que presenta una serie de buenas prácticas y códigos a seguir en esta materia.

Uno de los grandes problemas de esta industria es la alta tasa de proveedoras de seguridad no registradas.

En México, por ejemplo, el número de estas entidades es de 8.000, casi el doble que las formales, y más del 80 % de las empresas operan fuera del marco regulatorio.

Ante esta coyuntura, uno de los aspectos que destaca el centro es el tráfico de armas, ya que “la industria de seguridad privada es un proveedor importante de armas para grupos criminales, especialmente en el violento Triángulo Norte de Centroamérica, donde no existen mercados domésticos”.

En este sentido, las EMSP importan miles de armas hacia América Latina cada año, “y una gran parte de estas es robada, desviada o extraviada por contratistas individuales de seguridad privada”.

Las empresas de seguridad privada de Río de Janeiro perdieron 17.600 armas en la última década, alrededor del 30% de todas las armas manejadas por estas compañías, según un informe de la Policía Federal brasileña de 2016 citado por El Diálogo.

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