Por Juan Carlos Alarcón

Angélica Garnica Sosa, directora general de planeación y desarrollo y representante de la sociedad civil en el Consejo de Seguridad Pública, indicó que las empresas deben estar legalmente establecidas.

Los escoltas que prestan servicio en el sector público o privado deben contar con un registro en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), para tranquilidad de usuarios, empresas dedicadas a ese ramo y la ciudadanía en general, y no exhibir a las unidades balizadas como lo obliga el gobierno capitalino.

Las empresas de seguridad ejecutiva deben estar legalmente establecidas y autorizadas para dicho fin; su personal debe contar con capacitación y principios de legalidad, profesionalismo, honradez, y respeto a los derechos humanos para evitar casos como el lord Rolls Royce y Lord Ferrari.

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Así lo informó Angélica Garnica Sosa, directora general de planeación y desarrollo y representante de la sociedad civil en el Consejo de Seguridad Pública, quien consideró que los automotores en los que se anuncia el servicio de escolta, corren un amplio riesgo.

“Habría que discutir cuál es la forma de prestar la seguridad, porque en realidad a veces traes balizado o escolta, en realidad lo que te haces es acreedor para que te secuestren o seas víctima del delito”, afirmó.

Explicó al término de una mesa de análisis del marco jurídico de la protección ejecutiva en la Ciudad de México, que para evitar que grupos delictivos se infiltren en ese sector, es necesario una regulación adecuada en el SNSP.

“Hay que verificar que las personas que están prestando el servicio de seguridad privada en el país estén en ese registro, cumplan con los requisitos que la ley establece, eso nos va proteger a los usuarios, los prestadores de servicio y al gobierno también”, apuntó.

Agregó que, si la regulación no permite establecer un protocolo de actuación respecto al sector de seguridad ejecutiva, entonces hay falta de claridad y en lugar de proteger a los usuarios los está dejando en un estado de indefensión. 

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